Hay empresas que se dedican desde hace años a eliminar información perjudicial de la Red pero, ¿puede todo el mundo beneficiarse de ello?

No son muchas las empresas en España —por ahora— que se dediquen al borrado de información o de enlaces en internet, pero sí son suficientes. A veces se les puede confundir con censuradores de la Red, pero no significa que borren  «cualquier cosa». Los casos que les llegan son muy diversos: empresas, particulares, antiguos personajes de la prensa rosa que han cambiado de vida y… políticos.

Los recursos extrajudiciales —un simple aviso para que se borre cierta información—, los judiciales o incluso los medios técnicos —como la creación de nuevos contenidos para que la información perjudicial no aparezca hasta la quinta página de resultados del buscador— son algunas de las herramientas que utilizan estas empresas.

Uno de estos casos comenzó cuando una menor de tan solo 11 años empezaba a manejarse en internet. Nada que ningún joven no sepa hoy: redes sociales, páginas de entretenimiento, buscadores… Y la curiosidad, cómo no, le llevó a introducir el nombre de sus familiares más directos en Google. Hasta que metió el de su abuelo y los resultados la alarmaron. No entendía todo lo que ponía, pero sí ciertas palabras: impago, desahucio. Era información de los años 80 que había sido publicada en diversos boletines después de que su abuelo tuviera algunos problemas con la Agencia Tributaria. Aunque el problema ya se había resuelto, seguía apareciendo en posiciones destacadas del buscador. Y la niña comenzó a hacer preguntas incómodas.

Este es solo uno de los casos en los que distintas empresas dedicadas al borrado de información de internet, se ha encontrado en los últimos años. Ha sido un goteo de unas 7 u 8 peticiones diarias hasta que se conoció la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que obligaba a Google a eliminar de la lista de resultados los enlaces de páginas web que contengan información relativa a una persona si el afectado lo solicita. En cinco días, y tras la avalancha de información en los medios, una de estas empresas ha pasado a tener unas 300-400 peticiones. La gente sabía que había información sobre ellos que querían eliminar, pero no sabían que eso se podía hacer,

¿Cuánto puede tardar esa información en estar fuera de circulación? Todo depende. Desde en el mismo día, si es un solo enlace y un caso «fácil», hasta nunca. Si el servidor está fuera de la Unión Europea o en servidores que estén en el este, hay veces que no lo conseguimos nunca, pero dentro de la Unión Europea suele ser relativamente rápido.

Los políticos, son punto polémico

La sentencia del TJUE ha sido clave en este sentido, ya que existían muchos casos que habían recurrido a la vía judicial y que se encontraban paralizados a la espera de la sentencia. Pero también ha abierto un debate: ¿Podrían los políticos beneficiarse de esto?

Ya antes de la sentencia, diversos políticos habían recurrido a estos servicios: por ejemplo peticiones de políticos que consideraban que determinada información les perjudicaba, pero ante esto la negativa de estas empresas  es inmediata. La jurisprudencia viene a decir que el interés público prevalece.

El año pasado, 220 políticos y 7 entidades bancarias nacionales e internacionales recurrieron a una de estas empresas. Entre la información que querían hacer desaparecer se incluye la dirección de familiares, su teléfono particular o el nombre de la escuela de sus hijos. Datos que prefieren mantener en su ámbito privado. Pero también había artículos periodísticos publicados con «un titular desafortunado» o una sentencia desfavorable. «También algunos tienen negocios privados que no interesa que se sepan o que se pueden malinterpretar».

Fuente: A.B.C tecnología

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